Valga como muestra el caso de Lucainena de la Torres. Se trata de un pequeño municipio de apenas 600 habitantes enclavado en la Sierra de Alhamilla, entre el desierto de Tabernas y la costa de Carboneras. Los vecinos y vecinas de este pueblo han visto cómo los primeros planos del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Lucainena recogen una urbanización de dos mil viviendas asociadas a un campo de golf.
La zona afectada por este proyecto urbanístico es el paraje El Saltador de Lucainena, un valle que, los que lo conocen bien, lo califican como un lugar virgen que aún no ha sido tocado por la mano del hombre. Algunos de estos vecinos creen que el negocio está claro: las promotoras consiguen terrenos a muy bajo precio y especulan a costa de su patrimonio natural con el beneplácito de las administraciones.
El famoso hotel en la zona del Algarrobico o los proyectos inmobiliarios en La Fabriquilla, Aguamarga, Mojácar o Lucainena son claros indicadores de que en muchas zonas de esta provincia, el urbanismo desaforado está amenazando la conservación de espacios almerienses de gran valor ambiental.
Gran parte de los ayuntamientos de la comunidad tienen aún que adaptar sus planes urbanísticos a los criterios de la Junta, fijadas en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. Junto al POTA, la Ley del Suelo autonómica es la otra herramienta legal con la que la administración regional trata de frenar los crecimientos urbanísticos desmesurados.
En teoría, con la normativa en vigor, ningún municipio podrá experimentar un crecimiento del suelo urbanizable superior al 40 por ciento de su extensión actual, en los próximos ocho años. Pero eso en teoría porque echando un vistazo a los distintos proyectos que se planean en territorio almeriense, la realidad va por otros derroteros.
Así por ejemplo, Roquetas de Mar, con 65 mil habitantes prevé construir 20 mil nuevas viviendas. Zurgena, que apenas supera las dos mil personas, prevé levantar en su término otras 1.300 viviendas en suelo no urbanizable. Más preocupante, si cabe, es el caso de Níjar que pretende construir 60 mil viviendas nuevas en el perímetro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. En la actualidad, la localidad ni siquiera llega a los 25 mil habitantes.
Pero quizás los dos casos más llamativos sean el del municipio de Antas que, con 3 mil habitantes pretende multiplicarse con 60 mil nuevas casas. Y por supuesto Cuevas de Almanzora que se ha propuesto pasar de ser un pueblo de 11 habitantes a albergar hasta 500 mil personas en pocos años; tantos como los que tiene hoy en día la ciudad de Málaga.
Según la coordinadora Salvemos Mojácar y la Asociación Amigos del Parque Cabo de Gata-Níjar, son muy fuertes las presiones que las constructoras ejercen sobre la provincia de Almería y sobre todo en la zona de este Espacio Protegido y las comarcas vecinas. Hablamos de un territorio de gran fragilidad ambiental, de origen volcánico, que se ha convertido en una de las joyas naturales para el turismo andaluz tanto por sus paisajes desérticos como por sus vírgenes playas.
Ante este acoso urbanizador, algunas asociaciones han impugnado estas construcciones en instancias judiciales en casos como el hotel que se ha levantado en la zona de el Algarrobico u otro similar que se levanta en Macenas. Pero como la justicia es lenta y cara, otros vecinos han decidido recurrir a la Unión Europea. Y las cifras cantan.
La mitad de las denuncias relacionadas con el urbanismo que llegan al comité de peticiones europeo proceden de nuestro país. Sorprendidos por el gran volumen de denuncias, esta comisión de europarlamentarios lleva un año investigando los hechos. Sospechan que pueden haberse incumplido directivas europeas medioambientales y de licitación de obras públicas y han llevado el caso ante el tribunal Europeo de Derechos Humanos.
