Desde el gobierno andaluz se valora esta iniciativa y se nos recuerda que Andalucía ha estado comprometida desde el principio con esta normativa.
Sin embargo, y a pesar de las buenas intenciones del gobierno andaluz, el retraso en la implantación del plan nacional de control, se debe precisamente a un desacuerdo entre Gobierno central y las comunidades sobre quién inspecciona a los inspectores.
Por el momento son los funcionarios de las comunidades los encargados de controlar las granjas, las tiendas y los locales donde se sirve comida. Sin embargo, la legislación europea exige un control sobre estos inspectores, y hasta que no se llegue a un acuerdo sobre quién se encarga de esa tarea, el plan nacional de control no podrá ponerse en marcha.
