La futura ley andaluza sobre la ciencia parte de un principio básico que considera al conocimiento como un bien común público. La norma aspira a alcanzar la máxima rentabilidad social de los recursos de la ciencia y la tecnología; facilitar las transferencias de los resultados a la sociedad; y promover la máxima conexión con las empresas y el sistema productivo.

Una vez ha recibido el visto bueno del Consejo de Gobierno, el ejecutivo andaluz va a remitir el proyecto de ley sobre la ciencia y el conocimiento al Parlamento autonómico para su debate y posterior aprobación definitiva.