El diputado de Izquierda Unida, Antonio Romero, ha sido el encargado de promover la iniciativa. Al igual que diversos colectivos sociales y ecologistas de la Serranía de Ronda, argumenta que el proyecto atenta contra una zona de Protección de la Biosfera, y a los acuíferos que surten el consumo humano y de los agricultores en la comarca.

De momento, las obras se encuentran paralizadas, a petición de la Consejería de Obras Públicas, y la decisión podría ser definitiva si el juez atiende las peticiones de la Fiscalía Ambiental.