En Europa viven 12 millones de gitanos. Según el propio Parlamento Europeo, desde hace un año se observa un importante aumento del anti-gitanismo en el discurso político de varios estados. De hecho, Francia ha expulsado ya a más de 8.000 desde comienzos de año.

Según la normativa europea, los ciudadanos de cualquier país integrante tienen el derecho de circular por todos los países de la Unión. Sin embargo, la directiva de libre circulación exige unos recursos económicos suficientes, además de un seguro médico. En el caso de no cumplir estos requisitos, el país de acogida tiene la libertad de devolver a esas personas a sus países de origen.

Las devoluciones no pueden hacerse en bloque, sino estudiando cada caso concreto. Ésta es la idea en la que se apoya el gobierno galo, que sostiene que las repatriaciones de gitanos de los últimos días han sido "voluntarias", a cambio de unos 400 euros.

Unas actuaciones que poco tienen que ver con la filosofía anti-fronteras que alimenta la Unión. Según Belén Sánchez, directora de Programas Internacionales de la Fundación Secretariado Gitano, estas acciones demuestran que en Europa existen ciudadanos de primera y de segunda categoría.

Añade que las directivas que existen en la actualidad son suficientes. Lo que hace falta, dice, es que los estados las apliquen de forma adecuada.

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