Es decir, lo equipara al derecho a la vida, a la libertad o a la seguridad de las personas. Se trata de reducir, por ejemplo, la cifra de más de un millón y medio de niños y niñas que mueren cada año por falta o contaminación de agua.

El acceso se presenta ahora como un objetivo prioritario de la comunidad internacional. Según el responsable de la campaña de aguas de Greenpeace España, Julio Barea, los países enriquecidos tendrán que poner las herramientas necesarias para garantizar el líquido elemento al resto del planeta.

Pero la declaración del acceso al agua como derecho humano no ha sido bien vista por los países enriquecidos, que temen perder los beneficios que reporta su comercialización. De hecho, uno de los mayores negocios que proporciona este bien básico es el del embotellamiento. Los estudios reflejan que el consumo de agua embotellada en España ha aumentado en un 67 por ciento en los últimos diez años.

Muchas personas prefieren el agua embotellada a la que sale del grifo porque la consideran más saludable. Un mito que, según los expertos, es pura estrategia de marketing por parte de las empresas embotelladoras. Por medio de la publicidad presentan el agua mineral como un elemento fundamental para la salud.

Sin embargo, se ha cuestionado la naturalidad de las aguas que se venden embasadas. El diario británico Telegraph publicaba un estudio en el que se demostraba que el 70 por ciento del agua de las principales marcas embotelladoras tienen más bacterias que la del grifo.

Por otro lado, organizaciones ecologistas consideran que el consumo de agua en botellas de plástico en países enriquecidos es “absurdo” ya que cuentan con un sistema de redes de abastecimiento de agua corriente y potable. Reclaman que se deje de negociar con el agua y que el dinero invertido en los embases se destine a que los países empobrecidos tengan acceso al agua de calidad. Abel Lacalle, vicepresidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua, destaca además el impacto negativo que tiene en las comunidades locales el comercio con el agua. 

Afirma que el primer paso para erradicar esta situación es la cooperación entre países. El acceso al agua debería incluirse además en los ordenamientos jurídicos de todos los estados.