La reforma laboral ha salido adelante con los únicos votos de los diputados socialistas en la comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados
En concreto, ha recibido 169 votos a favor y 165 en contra. Las fuerzas nacionalistas CiU y PNV se han abstenido. El grupo vasco ha logrado endurecer las causas económicas del despido a través de una enimienda.
Se considera despido objetivo si la empresa tiene pérdidas y baja sus ingresos. Tendrán que acreditar pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos, que puedan afectar a su viabilidad o a su capacidad de mantener el volumen de empleo. El Gobierno también acepta emprender en seis meses la reforma de la negociación colectiva con las organizaciones empresariales y sindicales, revisando sus mecanismos para adaptarlos a las necesidades de los trabajadores.
Todos los grupos parlamentarios han mostrado su descontento con la reforma. IU ha votado en contra porque, según su criterio, facilita el despido objetivo como mecanismo de competitividad. Los populares, por su parte, se alinean con los argumentos de la patronal: aseguran que estamos ante la “no reforma” porque apenas se modifican pequeños detalles.
Los sindicatos también han mostrado su profundo rechazo a esta reforma. Aseguran que se refuerzan los privilegios del empresariado de nuestro país y deja desasistidos a los trabajadores y trabajadoras. Consideran que estamos ante el mayor atropello a los derechos laborales en la historia de la democracia.
Advierten que, con ella, se facilita y abarata el despido, se incrementa la temporalidad y se pone en riesgo elementos importantes de la negociación colectiva. Así, el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo y el de UGT, Cándido Méndez, entienden que la huelga general convocada para el 29 de septiembre está más que justificada.
Ambos líderes sindicales recuerdan que esta reforma viene acompañada de un plan de ajuste que incluye medidas como la rebaja de sueldos de los funcionarios, la congelación de las pensiones y la reducción de la inversión pública. Todo ello, a su juicio, implica un recorte de derechos sociales y laborales
Aquí en Andalucía, la Diputación Permanente del Parlamento andaluz, el órgano encargado de velar por la actividad de la Cámara en época de vacaciones, ha convalidado el decreto-ley de medidas urgentes en materia de reordenación del sector público andaluz, aprobado por el Gobierno este martes. La mayoría socialista ha rechazado la proposición realizada por los grupos Popular e Izquierda Unida, para que la tramitación de la normativa se realizara mediante un proyecto de ley, para que contara con las aportaciones de todas las fuerzas políticas.
Según el Ejecutivo, el decreto va a suponer un ahorro total de más de 100 millones de euros hasta 2013, la desaparición de 111 entidades instrumentales y la modificación de otras 16. El Gobierno andaluz asegura que los empleos están garantizados.
Izquierda Unida acusa al Gobierno socialista de claudicar ante el neoliberalismo. Su coordinador regional ha hecho balance del curso parlamentario y político. Asegura que José Antonio Griñán está gobernando a golpe de decretazo ante la falta de diálogo político y sindical y cree que va a dejar una factura penosa a la ciudadanía.
Los populares también critican la falta de consenso a la hora de aprobar medidas contra la crisis. Hoy se han quejado de la supresión de ayudas a la vivienda protegida por parte del Gobierno central, a la que también se opone el Ejecutivo andaluz. El PP quiere poner a prueba al PSOE. Para ello, va a presentar una iniciativa parlamentaria en contra de la eliminación de las subvenciones.
