La Junta se opone a los recortes de las ayudas a la VPO planteados por el Ministerio
La consejera de Obras Públicas, Rosa Aguilar, ha asistido a la Conferencia Sectorial de Vivienda para saber cómo van a afectar a Andalucía los recortes anunciados por el Gobierno central en materia de vivienda.
Se retiran las ayudas directas para dar la entrada en la compra de casas protegidas y las subvenciones a promotores para la urbanización y compra de suelo. La ministra del ramo, Beatriz Corredor, asegura que la caída de la compra-venta obliga a reorientar al sector y que lo que ahora toca es fomentar el alquiler.
Para algunos expertos el reto de la vivienda está en aprovechar los recursos ya disponibles y no en el fomento de más construcción.
Estos recortes pueden comprometer el cumplimento de la Ley del Derecho a la Vivienda aprobada en nuestra comunidad. Esta norma garantiza una vivienda digna para todas las familias que no superen los 3.000 euros de ingresos anuales. Incluso reconoce la posibilidad de la población a acudir a los tribunales si no se satisface este derecho. Para ello se preveía la construcción de 300.000 viviendas de protección oficial en una década. Ahora esta ley puede sufrir importantes recortes debido a la reducción de ayudas.
Para el profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga, Alberto Montero, el problema de la vivienda está en la falta de racionalización. Afirma que no se puede seguir fomentando la construcción de VPO cuando existe un gran número de viviendas de renta libre vacías. Por ello, propone políticas más sociales y que hagan coincidir la oferta y la demanda.
Este tipo de alquiler facilitaría, según este experto, el acceso, de toda la ciudadanía, a una vivienda digna. Un derecho que se recoge en la Ley de Derecho a la Vivienda aprobada en nuestra comunidad pero que se ha confundido, dice Alberto Montero, con el derecho a una propiedad.
El Ministerio de Vivienda ya ha anunciado que las nuevas medias se van a acompañar de mayor flexibilidad en las hipotecas. Si hasta ahora podían sufragar el 80 de la vivienda protegida ahora podrán llegar al 90 por ciento. El escollo aquí es la financiación y el bloqueo del crédito de la banca, sobre todo para las familias con menos ingresos. Un problema que, según el profesor de Economía Aplicada, Alberto Montero, sí requiere de una actuación urgente de las administraciones para facilitar el acceso a estos préstamos.
