El Gobierno de Perú debe, a partir de ahora, realizar una serie de consultas a las poblaciones originarias cuando se pretenda realizar un emprendimiento que pueda afectar a su territorio.
Las comunidades indígenas se muestran satisfechas por la aprobación de la norma. Señalan que esta norma abre el camino para que los pueblos puedan conseguir el reconocimiento de sus derechos.
