Los colectivos sociales han hecho una valoración positiva del texto pero reclaman transparencia en la información que se facilita a la ciudadanía para que conozca sus derechos.
Una ley que da efecto práctico a un derecho reconocido en la Constitución pero olvidado. De esta manera han calificado las organizaciones de consumidores la Ley de Derecho a la Vivienda aprobada en el Parlamento autonómico el 18 de febrero. La jornada ha servido para conocer el funcionamiento práctico de la norma. El consejero de Vivienda, Juan Espadas, cree que a partir de ahora los crecimientos urbanísticos van a ser más racionales, acordes con las demandas reales de la ciudadanía.
Por su parte, las organizaciones de consumidores, FACUA, AL-ANDALUS, UCA, consideran que con la ley se deben garantizar las calidades de las casas y el acceso a ellas de ancianos y personas con pocos ingresos económicos. Además, piden que los ayuntamientos tengan mayor peso en el funcionamiento real de la ley.
La ley garantiza que los andaluces de un determinado perfil económico, puedan denunciar a las administraciones públicas si no se les facilita una vivienda digna.
