A ella van a poder acogerse las mujeres que gocen de la condición política de andaluzas y las que hayan sufrido represión en cualquier municipio de la Comunidad.
La Consejería de Justicia va a crear una Comisión de expertos encargada de analizar cada uno de los casos. Después, las propuestas serán elevadas al órgano administrativo competente para tramitar la indemnización.