Entre las modificaciones que introduce se encuentra la posibilidad de pedir asilo en las embajadas y consulados, y la garantía de que las ONGs especializadas y ACNUR estén presentes en todas las etapas del proceso de solicitud. Incluye, además, la persecución por razón de identidad y orientación sexual como motivos para pedir asilo.

Quienes tampoco quedan conformes con el proyecto de reforma de la Ley de Asilo son las organizaciones sociales. Amnistía Internacional y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, insisten en que su aprobación supone un retroceso con respecto a la legislación vigente en nuestro país.

Además, las bajas cifras de solicitudes de asilo en España en los últimos años muestran que no hay ninguna justificación para restringir aún más el acceso al derecho de asilo. Los refugiados, debido al cierre y externalización de las fronteras europeas, ni siquiera pueden llegar a territorio seguro en el que pedir una protección internacional a la que España está obligada por la firma de la Convención de Ginebra y como reconoce la propia Constitución Española.

Por otro lado, las altas cifras de inadmisión de las solicitudes y los bajos índices de estatutos de refugiado reconocidos a los solicitantes hacen que nuestro país esté a la cola de Europa en protección de las personas perseguidas.

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