Este trabajo realizado cada año por el colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda confirma que.
En Andalucía, un 73 por ciento de los alquileres son sumergidos en comparación con su parque disponible. Jordi Castilla, portavoz del gabinete jurídico de FACUA, advierte de que el motivo es que no se desarrolla un trabajo real desde la administración para sacar a la luz esta situación.
Jordi Castilla asegura que el alquiler sumergido no implica la ausencia de contrato entre el propietario y el arrendatario. De esto modo, si existe ese contrato, no tiene por qué implicar dificultades para el consumidor. No ocurre lo mismo con el dueño del inmueble que incurre en un delito de fraude.
