Antonio Virúez, presidente de la CAVA, insiste en la necesidad de que administraciones y movimientos sociales trabajen para construir municipios sostenibles.
Desde la CAVA recuerdan que el incumplimiento del planeamiento urbanístico no sólo perjudica al medio ambiente. También a la propia ciudadanía que, con su bolsillo, tiene que costear la dotación de servicios de las viviendas ilegales.
