Según esta organización, la norma europea establece que son los Estados, representados por los Gobiernos centrales, los que están obligados controlar y vigilar la calidad del ecosistema de un río como el Guadalquivir, cuya cuenca está compartida por cuatro Comunidades autónomas. El portavoz de la organización, Jesús Vozmediano, asegura que con el traspaso del Guadalquivir, se rompe la unidad de la cuenca.
La queja de esta entidad se suma al recurso que tiene interpuesto el gobierno de Extremadura en instancias judiciales. Mientras, la Junta de Andalucía y el PSOE critican el alarmismo, la incertidumbre y las dudas generadas por diferentes colectivos, sobre esa posible fracción de la cuenca del Guadalquivir.
