Dice el consejero de Innovación que la mina ha tenido los mayores controles medioambientales del país y que cuando la empresa presente garantías de que no hay problemas en los acuíferos se le volverá a conceder el permiso de explotación.

De todos modos Innovación ha exigido a los promotores casi 80 millones en concepto de garantía por si algo ocurriera. Por su parte, IU defendía en comisión parlamentaria que la mina sea de titularidad pública.