Mientras, El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha aplaudido la petición realizada por el juez al entender que responde al "pleno derecho que tienen los familiares de las víctimas a cerrar sus heridas", aunque ha manifestado que esta iniciativa "llega tarde, como casi todo".
Sólo en la provincia de córdoba eran asesinadas en esa época casi 12.000 personas.
Todos los juristas, incluidos Jueces para la Democracia, dudan de la viabilidad de la decisión de Garzón. Y es que, además de que la Audiencia Nacional no tiene competencia en este asunto, la Ley de Amnistía del 77 habría eliminado las responsabilidades jurídicas por delitos políticos cometidos en la dictadura.
Desde el Gobierno, el ministro del Interior, cree que el elaborar un censo debe servir no para reabrir heridas, sino para cerrarlas.
