Las empresas han sido acusadas, entre otras cosas, de violación del derecho laboral, violación generalizada de los derechos civiles y vulneración de los derechos colectivos de los pueblos originarios. Por su parte el Gobierno de Colombia se le imputa la falta de respeto de los derechos fundamentales de numerosos civiles.
El dictamen también emite su condena contra el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio por promover políticas neoliberales.
