Estas prácticas, además de amenazar con la deforestación, pueden suponer la pérdida de culturas indígenas que habitan en esos lugares.

Más de 45.000 firmas, obtenidas por Greenpeace, han sido enviadas a la Federación de Municipios y Provincias, para pedir una acción decidida que evite el uso de madera ilegal en las obras de los municipios españoles. La semana pasada se entregaron otras 66.000 rúbricas al Comisario Europeo de Medio Ambiente.

En las próximas semanas la Comisión Europea debe presentar una propuesta legislativa que prohíba la presencia en el mercado europeo de madera y productos derivados procedentes de las talas ilegales.