El documento señala 18 puntos negros que se reparten en las 8 provincias de Andalucía. Con casos de especial relevancia.
En el informe se señala que durante el último año los casos de corrupción urbanística en el litoral ascienden a 67. Aseguran desde Greenpeace que existe una buena legislación pero que no se acompaña de acciones efectivas.
