Al mismo tiempo, prosigue una huelga minera, se anuncian marchas estudiantiles de protesta y la Confederación General de Trabajadores (CGTP) organizó una movilización al parlamento.
El viceministro de Trabajo, Jorge Villasante, advirtió que la ilegalización determina que los trabajadores que participen en el paro sufrirán descuentos del salario correspondiente.
El anuncio fue precedido por una intensa campaña del ejecutivo contra la huelga, a la que atacan ministros de diversas carteras y medios de prensa cercanos al gobierno del presidente Alan García.
