Los gobiernos latinoamericanos coinciden en que la normativa es discriminatoria y viola los derechos humanos y, en particular, el derecho a la libre circulación. La directiva sobre inmigración, aprobada por el Parlamento Europeo a mediados del mes de junio, establece que las personas inmigrantes, sin documentación, que sean detenidos en suelo europeo, podrán pasar hasta 18 meses retenidos en centros de internamiento mientras se tramita su expulsión.