Un acuerdo que permite además denunciar estas situaciones con mayor rapidez, sin esperar el informe de la Inspección de Trabajo, y castigar a los infractores con multa y penas de prisión de entre 6 meses y 3 años de cárcel.

Con este nuevo protocolo de actuación, los sindicatos disponen de un interlocutor en cada provincia para acudir a la Fiscalía correspondiente, con potestad para abrir diligencias que supongan la intervención de la Policía Judicial,  y paralizar los trabajos en los que  se detecten riesgos para los trabajadores.