De ser ratificada, la nueva normativa reemplazará a la Ley Orgánica Constitucional de Educación, promulgada durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Maestros y alumnos, que critican que la reforma beneficia a la enseñanza privada frente a la pública, han protagonizado en las últimas semanas numerosas marchas que han culminado con decenas de detenidos. El Ministerio de Educación ha anunciado que habrá sanciones económicas para aquellos centros que reciben recursos del Estado y apoyen las manifestaciones.