La ley era aprobada el pasado 19 de junio el ejecutivo de Michelle Bachelet.

Estudiantes y profesores han realizado numerosas manifestaciones desde abril en contra de esta nueva ley a la que acusan de aumentar la desigualdad entre la enseñanza pública y privada.

Bachelet ha pedido a los estudiantes que cesen las movilizaciones y ha reiterado su compromiso de fortalecer la educación pública. La mandataria chilena ha defendido que la nueva ley es mejor que la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, impuesta en los años ochenta por la dictadura de Augusto Pinochet. Por su parte, estudiantes y profesores han convocado a un paro nacional para el próximo 27 de junio.