Durante la década de los 90 las comunidades rurales colombianas se dedicaban sobre todo al cultivo de coca, que ahora el Gobierno busca erradicar.
Los campesinos piden que se les garantice otra fuente de trabajo. Asimismo denuncian que los paramilitares asesinan a sus dirigentes comunales, acusándolos de colaborar económicamente con las FARC, por lo que piden mayor protección al gobierno.