Recuerden que esta directiva “de la vergüenza”, como la llaman, plantea la ampliación del plazo de retención de las personas sin documentación en regla a los Centros de Internamiento.

Brigitte Espuche, de Pro Derechos Humanos en Andalucía, denuncia que se quiere ampliar de los 40 días actuales a casi un año y medio en caso de no regularizar la situación de los inmigrantes que llegan a Europa. Espuche señala que sólo se trata de una falta administrativa y no de un delito.

En cualquier caso, Ángel Madero, presidente de Andalucía Acoge, exige que esta directiva no sea aprobada o, en su defecto, que se cambien algunos artículos ilegales desde el punto de vista del Tribunal de los derechos humanos y de la propia Constitución Española.

Desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado han señalado que esta normativa viene a cerrar aún más las fronteras con Europa, violando además el derecho a la libre circulación y el derecho de asilo internacional.

En este sentido, las entidades sociales se preguntan cuántos centros de internamiento tendrían que crear en Europa para retener a los más de 8 millones de personas que residen sin documentación, y temen la situación de hacinamiento que se puede producir en estos si la directiva sale adelante. Ya sólo falta que el Parlamento Europeo dé el visto bueno.