En concreto, asociaciones ecologistas, vecinales, de consumidores, sindicatos, plataformas ciudadanas y organizaciones sociales exigen al Gobierno central que fije objetivos, planes y medidas concretas y urgentes para luchar contra el cambio climático en nuestro país pero también en la Unión Europea.

En este sentido, los 37 colectivos piden una reducción en la emisión de gases de al menos un 30% para el año 2020, y un 80% para el año 2050, además, de la inversión de fondos que fomenten el crecimiento sostenible de los países empobrecidos. Ana ETCHENIQUE, la Responsable de Relaciones Institucionales de CECU “Somos Consumidores”, destaca el fomento de las energías renovables y la reforma del mercado eléctrico como posibles alternativas al cambio climático.

Frente a estas medidas encontramos el “Paquete energético europeo”, presentado a finales de Enero por la Comisión Europea, en el que se proponía la reducción en las emisiones del 20%. Una iniciativa insuficiente para estas organizaciones sociales y ecologistas que mantienen que para evitar impactos destructivos en los ecosistemas, es necesario reducir entre el 25 y 40% del CO2.

Y es que el impacto del cambio climático no es una realidad ajena a nuestro país. En España padecemos los efectos de fenómenos ambientes como las olas de calor y las sequías, que provoca una menor disponibilidad de recursos hídricos. A su vez, esto perjudica a sectores vitales para nuestra economía como la agricultura, la ganadería o el turismo. En definitiva, hablamos de un cambio total del planeta.

Se trata además de un problema que afectará de forma más severa a los países empobrecidos. Entre las consecuencias más graves está la pérdida de producción agraria que aumentaría la inseguridad alimentaria, mayores dificultades para disponer de agua y mayor vulnerabilidad a enfermedades y catástrofes climáticas como sequías o inundaciones. Por ello desde la organización de consumidores CECU exigen a las administraciones que realicen una mejor gestión de la ayuda para la cooperación.

En definitiva, las 37 organizaciones piden al gobierno que cumpla el Protocolo de Kyoto, que al menos el 30% de la energía primaria en España proceda de fuentes renovables en 2020, una reforma del mercado eléctrico y un nuevo modelo de movilidad que limite el uso del transporte motorizado.