La denuncia del Ministerio Público, considera que el regidor puede ser responsable por su pasividad en el control de los vertidos, ya que el Ayuntamiento establecía un "vertedero incontrolado" a tan sólo 60 metros del cauce.
El alcalde, por su parte, ha señalado que la localidad paga un canon anual de 30.000 euros por los vertidos e insiste en que mientras no se construya la depuradora tendrán que seguir vertiendo los residuos en el río al igual que los hacen otros ayuntamientos de toda España.
