Se suma así la Fiscalía a las críticas lanzadas por las organizaciones de ayuda al inmigrante sobre el deteriorado estado del edificio.
La APDHA han denunciado en varias ocasiones que el centro vulneran «gravemente» los derechos fundamentales de los extranjeros que, por estar en situación administrativa irregular, se encuentran allí retenidos hasta 40 días.
Denuncian dificultades para comunicarse con sus familiares y la prohibición del acceso a las organizaciones humanitarias lo que según, Pro Derechos, hace de estos espacios lugares más restrictivos que las propias cárceles.
El Defensor del Pueblo, José Chamizo, también ha reclamado en varias ocasiones la clausura del centro.
